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TRIBUNALES

Una sentencia de la Audiencia Nacional obliga al Gobierno a restituir a Vestas 142.000 euros de una subvención

La sentencia da la razón a Vestas después de que el Gobierno rebajara el pago de la subvención para un proyecto en la localidad gallega de Viveiro concedida inicialmente, de 2,37 millones a 1,77 millones.

Factoría de Vestas en Villadangos del Páramo
La cerrada factoría de Vestas en Villadangos del Páramo. Imagen: La Sexta.
Agencia ICAL | 01/07/2022 - 13:51h.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública restituirá 142.000 euros a la empresa Vestas Manufacturing Spain, después de modificar el cálculo del grado de incumplimiento por una subvención concedida a la compañía en el año 2009 para un proyecto en la localidad gallega de Viveiro. Una sentencia de la Audiencia Nacional dio la razón a Vestas después de que el Gobierno rebajara el pago de la subvención concedida inicialmente, de 2,37 millones a 1,77 millones, argumentando que las inversiones de la compañía no alcanzaron la cantidad prevista.

A finales del año 2009, el Gobierno concedió a Vestas una subvención a fondo perdido por importe de 2,37 millones de euros, correspondiente al 19 por ciento de la inversión de 12,5 millones que la empresa planeaba llevar a cabo para un proyecto de fabricación de generadores para turbinas eólicas en el término municipal de Viveiro (Lugo).

Transcurridos nueve años, el Ministerio de Hacienda declaró el incumplimiento de las condiciones establecidas para obtener la subvención y modificó el importe de los beneficios concedidos a la empresa. Según el informe de seguimiento, la empresa no había acreditado el mantenimiento de los puestos de trabajo exigidos y no había acreditado inversiones por valor de 12,5 millones, sino de 9,3 millones.

Este incumplimiento se cuantificó como parcial -25,41?por ciento- y suponía reducir la subvención otorgada en la parte proporcional al incumplimiento apreciado, es decir 603.000 euros. De este modo, la subvención procedente ascendería a 1,77 millones. Esta cantidad se integró a las arcas de la compañía en junio de 2019, aunque la empresa interpuso un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, que en una sentencia de diciembre del año pasado ordenó a la Administración que procediera a un nuevo cálculo del grado de cumplimiento de la subvención.

Tras elaborar un nuevo informe que recoge los criterios de la sentencia, las inversiones acreditadas por la compañía ascienden a 10,1 millones de euros, lo que rebaja el incumplimiento al 19,42?por ciento. De este modo, la subvención inicial de 2,37 millones debía reducirse únicamente en 461.000 euros y no en los 603.000 euros devengados en primera instancia. El Ministerio debe ahora abonar la diferencia, por importe de 142.000 euros, más los intereses legales.

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