Esperanza Aguirre fulminó a Alfredo Prada por apoyar a Rajoy, no por el Campus de la Justicia que ahora se juzga

Uno de los proyectos estrella del Gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid, y uno de los más 'estrellados', el Campus de la Justicia por el que ahora se juzga a seis personas en la Audiencia Nacional de Madrid, con petición de ocho años de Fiscalía al exvicepresidente y exconsejero Alfredo Prada Presa, era una buena idea.

Lo sigue pensando Aguirre 22 años después de que el macroproyecto, contratado al arquitecto Norman Foster, fracasara tras invertirse unos 335 millones de euros, y así lo defendió hoy ante el Tribunal a pesar de deslizar, en su última intervención, un atisbo de arrepentimiento: “Pensamos: 'ancha es Castilla', esto no nos va a costar; igual mal pensado, porque claro, nos costó”.

Sin embargo no fue ese agujero económico ni duda alguna de la gestión de su segunda mano derecha entonces, de 2004 a 2008, Alfredo Prada, ni el conocimiento de ninguna irregularidad, lo que hizo que en ese último año ella decidiera expulsar al político leonés de su Gobierno en la Comunidad de Madrid.

Según admitió hoy a preguntas del abogado defensor del propio Prada, “fue sólo por razones y además de partido”: su destitución fulminante fue porque “apoyó al señor Rajoy” en el Congreso celebrado en Valencia en 2008 que le alzó al liderazgo nacional del PP, contra la opinión de ella misma o del expresidente José María Aznar. “A la vuelta del Congreso los cesé”, insistió, pero para a continuación apostillar que “yo estaba muy contenta de su gestión”.

Y lo sigue estando, ya que declaró hoy que “en absoluto me consta ninguna irregularidad” de los contratos que, de manera personal, firmaba Prada Presa como presidente de la sociedad pública Campus de la Justicia, tal y como han declarado numerosos testigos, muchos de ellos empleados de esa entidad, al asegurar que en aquella época “el único órgano de contratación era él”.

A preguntas también de otros letrados de las defensas de los demás imputados, aseguró Esperanza Aguirre que la decisión de paralizar el proyecto, que sólo en contratar a Foster y su estudio, había superado con creces los 10 millones de euros, fue “puramente económica” porque contra lo que se había estimado en un primer momento “iba a costar, y mucho”, especialmente en un concreto de gran crisis económica sobrevenida. Por cierto, que desveló por primera vez que primero se intentó contar con algún arquitecto de renombre internacional de España, hablándose de Santiago Calatrava, pero no tenía disposición entonces.

Al fiscal, como al defensor del político acusado, le relató que la estimación inicial es que todo el complejo de 16 sedes judiciales nuevas en terrenos “cedidos en propiedad” en Valdebebas se podría financiar con la subasta de los inmuebles y el ahorro de los alquileres “que se veían pagando” entonces. Porque “sólo por la subasta del primer terreno nos dieron más del doble de la tasación”. Sin embargo, a la jueza del caso le admitió que “no recuerdo el presupuesto” y “nunca se hizo una cuenta”. Claro que en otro momento, muy de Aguirre, aseguraba que “hace mucho tiempo y yo soy muy mayor para recordar exactamente” ciertas cosas.

El juicio del Caso Campus de la Justicia en la Audiencia Nacional todavía continúa esta semana, para continuar ya en abril. La Fiscalía anticorrupción solicita para Prada, que también fuera vicepresidente del Senado con Aguirre de presidenta, ocho años de cárcel por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude, y seis años para quienes le acompañan en el banquillo de los acusados: el comisario Andrés Gómez Gordo, director de Seguridad del recinto entre 2007 y 2009, procesado también en el caso Kitchen; Isabelino Baños, arquitecto y director general técnico del proyecto; Mariano Sanz Piñar, subdirector técnico; Alicio de las Heras, director financiero; y los abogados Félix José García de Castro y Rogelio Fernández-Quintas Arias, también vinculados al proyecto con diferentes responsabilidades.

Otro expresidente de Madrid

Además de la expresidenta madrileña del PP, también hoy concurrió como testigo Ángel Garrido, sudesor suyo en 2018 y 2019 y antes consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. Él recordó que en 2015 fue la Abogacía de Madrid de donde partió la orden de remitir a la Fiscalía el caso “por recomendación legal”. “No me consta que faltara nada de documentación de Campus”, aseguró tras recordar que hubo que hacer un esfuerzo ingente para localizarla, cree que finalmente completa, y ordenarla de manera adecuada.