Las huelgas mineras de nuestros antepasados: de la Revolución del 34 a la Marcha Negra de 2012 en una saga

José Luis García (izquierda) y Omar García, junto a una imagen de Francisco Álvarez, suegro y abuelo de ellos, respectivamente.

César Fernández

Miguel Delibes publicó en 1975 'Las guerras de nuestros antepasados'. Fabuló con un personaje, Pacífico Pérez, sentenciado a seguir una dinastía: su bisabuelo había hecho la guerra carlista, su abuelo la de África y su padre la civil. ¿Qué novela habría escrito el autor vallisoletano si hubiera conocido al lacianiego Omar García? Al menos uno de sus bisabuelos participó en la Revolución de 1934, sus abuelos en las huelgas mineras de 1962 y su padre en las movilizaciones que confluyeron en la Marcha Negra de 1992. A diferencia del protagonista de la novela de Delibes, que no tuvo su guerra, García sí vivió su revuelta, la que en 2012 supuso el canto del cisne de las reivindicaciones del sector.

Omar García podría protagonizar algo así como 'Las huelgas mineras de nuestros antepasados'. Escarbando en el árbol genealógico enmarcado en la casa familiar en San Miguel de Laciana, incluso podría remontarse la historia a un tatarabuelo Adolfo García Calvo, que se pasó al bando republicano cuando el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 lo pilló en Villaseca de Laciana trabajando en la MSP (Minero Siderúrgica de Ponferrada). Afiliado al PSOE y a la UGT, se marchó a Asturias. Fue luego condenado a 14 años, ocho meses y un día de prisión; y enterrado en una fosa común en Galicia.

Su bisabuelo Francisco Álvarez Pinillas ya había tenido su revuelta. Rampero de la MSP desde 1928, causó baja en la empresa por revolución (así consta en su ficha) tanto el 6 de octubre de 1934 como el 18 de julio de 1936. Se sumó primero a la huelga revolucionaria en respuesta a la entrada en el Gobierno de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) en pleno auge de los fascismos. Y también lo hizo al comienzo de la Guerra Civil. Tras reingresar en la empresa como rampero en diciembre de 1936, encontró la muerte en un accidente laboral en marzo de 1937. Otro bisabuelo, Manuel García, originario del Valle de Fornela, trabajaba como minero en Villaseca de Laciana. Y se marchó a Uruguay tras la Guerra Civil.

Francisco Álvarez Pinillas causó dos veces baja en la MSP por revolución: primero durante las revueltas de octubre de 1934 y luego tras la sublevación militar de julio de 1936. Murió al año siguiente en un accidente en la mina

El propio contexto marca el cariz de las movilizaciones mineras en una suerte de carrera paralela con la historia de España. Las de 1934, con un horizonte revolucionario, pretenden “derribar el capitalismo” e implantar el socialismo; las de 1962 buscan alentar a la oposición antifranquista y forzar la llegada de la democracia; las de 1992 son una piedra en el zapato de un país que quiere vender al mundo una imagen de modernidad con la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona; y las de 2012 suponen el primer desafío serio en la calle a los recortes derivados de la crisis económica de 2008. La saga lacianiega permite reproducir los episodios a través de una “continuidad biográfica” en la que “se heredan tanto el oficio como la lucha”, según reflexiona el historiador berciano Alejandro Martínez, autor de 'La primavera antifranquista: Lucha obrera y democrática en El Bierzo y Laciana (1962-1971)'.

“Llegaron al cuarto de aseo y les dijeron que para casa”

Si el bisabuelo de Pacífico Pérez había hecho la guerra con bayoneta, el abuelo con ametralladora y el padre con bombas de mano, los antepasados de Omar García tuvieron que usar otro tipo de 'armas' en una lucha muchas veces desigual. Sus dos abuelos, Servando García y Francisco Álvarez (ambos ya fallecidos), participaron en las huelgas mineras de 1962. Su padre, José Luis García, tenía apenas seis años de edad. “Apenas guardo un vago recuerdo”, admite para relatar una secuencia que fue ya para siempre una constante en las movilizaciones del sector: “Llegaron al cuarto de aseo y les dijeron que para casa”. Servando García incluso marchó de forma fugaz a Barcelona a buscar trabajo. Y a Francisco Álvarez lo llevaron detenido al cuartel de la Guardia Civil: “Querían tirarle de la lengua para que dijera quién había liderado la huelga en Orallo”.

Las huelgas mineras de 1962, que también comenzaron en Asturias y que se extendieron como la pólvora por las cuencas de Laciana y del Bierzo, marcan un antes y un después en plena dictadura franquista, que se vio obligada a transigir hasta el punto de permitir la celebración de asambleas y la participación de comisiones de obreros que derivarán en las Comisiones Obreras. Las movilizaciones, que parten de cuestiones laborales con la mejora de salarios y de seguridad y salud y que se reproducirán en años sucesivos, suponen también un pulso al régimen que sitúa a los mineros a la vanguardia de la oposición antifranquista. Y eso también marca al sector.

Tras vivir con apenas seis años de edad esas huelgas de 1962, José Luis García se trasladó de Villaseca de Laciana a León con 13 a estudiar a León. “Con 17 años no quería seguir estudiando y entré a trabajar de pinche en exterior”, cuenta sobre su primera experiencia minera. Tras un paréntesis de un año como camarero en Gijón y el obligado por la mili en La Virgen del Camino, volvió a la mina, esta vez ya al interior. Trabajó siempre en el grupo Carrasconte, “a 200 metros de casa”, donde completó una trayectoria en la que pasó desde ayudante minero hasta picador.

Tras el franquismo, desapareció el Sindicato Vertical. Se celebraron elecciones sindicales. Y la gente ya no tenía miedo a movilizarse, señala José Luis García, que era secretario de Organización de CCOO en Laciana cuando se desencadenó la Marcha Negra de 1992

José Luis García no tardó en tener su primera huelga. “Al poco tiempo de entrar la primera vez a trabajar ya hubo un paro de un mes en Carrasconte para pedir mejoras salariales”, apunta. El escenario era el mismo: el cuarto de aseo. “Allí se hacían votaciones a mano alzada y punto. Y si había un conflicto por los destajos de los picadores, paraba todo el grupo y nadie iba a trabajar hasta que se solucionaba el problema”, añade. En aquellos años setenta empezaron a llegar portugueses y caboverdianos para suplir la mano de obra autóctona que emigraba a otras latitudes.

A la muerte de Franco, cambió la faz del país. Desapareció el Sindicato Vertical. Hubo elecciones sindicales. “Y la gente ya no tenía miedo a movilizarse”, sentencia José Luis García para recordar negociaciones de convenios en las que se arrancaban subidas salariales de hasta el 17% u otras que implicaban ya manifestaciones en la calle como las realizadas para lograr el Estatuto del minero. Él, que había empezado a ejercer con 25 años como delegado de Comisiones Obreras en el grupo Carrasconte de la MSP, era secretario de Organización del sindicato en Laciana cuando se desencadenó una crisis en una empresa con una deuda multimillonaria que amenazaba de cierre al grupo María.

El país era otro. España quería en 1992 mostrar ante el mundo la tarjeta de presentación de una nación que había completado el proceso de transición a la democracia. A las puertas de la inauguración en abril de la Exposición Universal de Sevilla, los mineros cortan las carreteras a la altura del embalse de Luna y en Bembibre e intentan incluso tomar el cuartel de la Guardia Civil de Villablino. La dura represión del Gobierno de Felipe González, que no quería que se empañara la postal del país, los lleva a reinventar la movilización a través de la Marcha Negra a Madrid. Con 500 trabajadores de camino a la capital y un encierro en el pozo Calderón, a José Luis García le toca el papel de enlace entre las movilizaciones y las reuniones con los políticos. Había días en que a las ocho de la mañana los periodistas ya hacían sonar el teléfono de su casa.

Hay un hilo de continuidad histórica en las movilizaciones mineras que el historiador Alejandro Martínez ilustra con unas palabras pronunciadas por el propio José Luis García el día 1 de marzo de ese 1992 (en vísperas de la Marcha Negra) en los exteriores del pozo Calderón en las que llama a dar la batalla enlazando el pasado con el futuro. “Que nuestros hijos puedan recordarnos con el mismo orgullo”, sentencia, “con el que recordamos a nuestros padres por participar en la gesta antifranquista”. Para entonces ya habido un punto de inflexión. Las huelgas mineras, con un sector en reconversión desde 1986, ya son “a la defensiva”. “Se trata entonces de disfrutar de los derechos conquistados en 1962”, señala.

Cuando la movilización es una constante

El caso es que la movilización es una constante. José Luis García, que recuerda años de huelgas todos los meses, ni siquiera se podía imaginar tras los acontecimientos de 1992 (de los que salió un acuerdo de continuidad) que viviría su epílogo como sindicalista minero con las protestas contra el protocolo eléctrico del Gobierno de José María Aznar de 1996 que derivarían en la firma del primer Plan del carbón (1998-2005). La sociedad respondía a las convocatorias de un sector capital en la economía de las cuencas: “Todos íbamos a una. Se hacían manifestaciones o huelgas generales con cierre de comercios”.

Las huelgas mineras, con un sector en reconversión desde 1986, ya son a partir de los noventa a la defensiva. Se trata entonces de disfrutar de los derechos conquistados en 1962, señala el historiador Alejandro Martínez

José Luis se jubiló en enero de 1998. Y en julio de ese mismo año entró Omar también en la Minero, en este caso en el grupo Lumajo. La implicación social de la que habla su padre ya la había constatado en primera persona siendo estudiante. “En el instituto también parábamos y participábamos en manifestaciones de manera solidaria”, apunta. El paso de las aulas a los tajos era algo natural en Laciana. “Lo veíamos como algo normal”, expone sin obviar que no era ni mucho menos una mala salida: “En aquellos años había optimismo. Las térmicas compraban el carbón y se veía futuro. Había una tranquilidad que no había en otros sectores”.

Omar García, incluso pese a aterrizar en un sector con su reconversión teóricamente regulada sobre el papel del Plan del carbón, tampoco tardó en tener su primera huelga. El primer mes ya hubo paros, en este caso por un conflicto de los barrenistas del grupo. Muchos años después, el escenario seguía siendo el mismo: “Llegamos al cuarto de aseo. Y se decidió que no se entraba a trabajar”. Aunque había mamado el sindicalismo en casa, todavía tardó en dar el paso. Comenzó yendo en las listas de relleno hasta que se vio con 27 años siendo ya enlace de Comisiones Obreras.

Si su padre había negociado convenios con subidas salariales de hasta el 17%, a él le tocó cerrar varias minas con la Minero Siderúrgica de Ponferrada ya rebautizada como Coto Minero Cantábrico tras la fusión con Hullas del Coto Cortés. Antes y después de la etapa del polémico empresario Victorino Alonso, fue la compañía que registró una mayor conflictividad laboral. Y aunque el foco principal de las protestas ya estaba en los gobiernos, Omar García aclara: “No nos temblaba el pulso para plantear movilizaciones también contra el empresario”.

El sector, ya en permanente reconversión, empezó a “verle las orejas al lobo” en 2010 cuando las térmicas dejan de comprar el carbón autóctono. La crisis, entonces con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, se zanja con el Real Decreto de garantía de suministro y un reglamento europeo que fija el fin de las ayudas a la producción a 31 de diciembre de 2018. “Fue un jarro de agua fría, pero salimos pensando en que se podía estirar esa fecha”, señala sobre unas movilizaciones que también incluyeron una Marcha Negra, en ese caso limitada a la provincia de León.

El cierre ordenado del sector trazado en los sucesivos planes del carbón se frustra y se precipita con los brutales recortes del Gobierno de Mariano Rajoy con José Manuel Soria al frente del Ministerio de Industria en el año 2012. Hay una diferencia significativa con respecto a anteriores huelgas. La minería ha perdido masa laboral. “El sector afronta la movilización muy reducido y con una mácula: la de la mala campaña que presenta a los mineros casi como terroristas y al sector como contaminante”, reseña Alejandro Martínez al evocar algunas portadas de periódicos de la época.

La huelga minera de 2012, que también incluyó un encierro en el pozo Santa Cruz y otra Marcha Negra hasta Madrid de la que en estos días se cumplen diez años, coincide con otro ciclo político marcado por los recortes al aplicar la austeridad como principal receta frente a la crisis económica de 2008. “La minería fue el primer sector que lucha frente a esos recortes de forma muy importante. Y es el único que casi llega a doblegar el brazo del Gobierno de Rajoy”, enfatiza Martínez al lamentar que la ruptura de la unidad de acción sindical condenara la posibilidad de obtener ciertos avances en la negociación.

Del 92 a ahora se han perdido la conciencia de clase y el espíritu reivindicativo a pasos agigantados, se lamenta Omar García, que llegó al sector en 1998 con la firma del Plan del carbón y tuvo que asumir el final: Me tocó el cierre, que es lo más jodido

Omar García ya era miembro del Comité de Empresa de Coto Minero Cantábrico y secretario comarcal de CCOO en Laciana cuando se desencadenó en mayo de 2012 la última gran huelga minera. “No teníamos la misma fuerza que en el 92”, asume para admitir a renglón seguido que se vio sorprendido por el respaldo obtenido por la Marcha Negra a su llegada a Madrid: “No éramos conscientes de la magnitud del apoyo con el que contábamos”. Encargado entonces de coordinar las movilizaciones desde la cuenca de Laciana, había días en que a las seis de la mañana los periodistas ya hacían sonar el teléfono (que ya era móvil y no el fijo de casa).

Una Transición Justa que repite errores del Plan del carbón

Omar García es ahora responsable de Transición Justa de la Ejecutiva Provincial de Comisiones Obreras en León, un cargo desde el que ve que “se están repitiendo errores del primer Plan del carbón” al “no llegar ni el empleo ni las alternativas económicas” para unas cuencas condenadas “al desempleo y la despoblación”. Y eso al final repercute en una provincia que “no fue del todo consciente” de la importancia de un sector que tuvo que plantar sus batallas postreras también condicionado por la Ley Mordaza hasta incluso llegar a imputarse por lo penal a compañeros que reaccionaron al paso por las cuencas de camiones cargados de carbón de importación, una de las afrentas más sangrantes.

En esta secuencia histórica, Omar García tuvo que gestionar el final: “A mí me tocó el cierre, que es lo más jodido, lo peor”. El lamento es mayor por los incumplimientos que evitaron un cierre ordenado: “Pero tenemos que estar orgullosos. Lo volveríamos a hacer. Morimos con las botas puestas”. Por el camino han quedado pelos en la gatera: “Del 92 a ahora se han perdido la conciencia de clase y el espíritu reivindicativo a pasos agigantados”. Omar García, que siente el orgullo por “haber llevado el testigo de la cultura minera”, es el último eslabón la cadena y representa la “ruptura biográfica” de un siglo de oficio y lucha. Así lo remarca Alejandro Martínez al referirse a un sector en el que los 'biznietos' dieron la última batalla en 2012 enfundados en camisetas con la imagen de un 'bisabuelo' dinamitero de 1934, su manera de honrar las huelgas mineras de sus antepasados.

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